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Sinaloa no es un lugar seguro

Sinaloa no es un lugar seguro. ¡Cómo va a ser! Aunque el número de homicidios dolosos ha bajado significativamente en los últimos meses, el gobernador Rubén Rocha debe ser más cauteloso al anunciar que estamos en uno de los estados más tranquilos del país.

Voy a enumerar algunos eventos de los últimos días para recordarle al gobernador cómo percibimos la seguridad los ciudadanos.

A principios de este mes, un estudiante que caminaba a través de grietas fangosas en el lecho seco del río Tamazula encontró el cráneo de una persona identificada más tarde como un joven que había estado desaparecido desde marzo del año pasado.

El 15 de junio, la cámara de un tráiler captó un impresionante convoy de 30 personas fuertemente armadas a bordo de nueve camiones blindados en una carretera federal cerca de la comunidad Las Brisas en Guasave.

El fin de semana fue encontrado el cuerpo de un docente que había sido asesinado a puñaladas por un colega en la localidad de Los Mochis.

El pasado domingo, en medio de las celebraciones del Día del Padre, toda una familia tomó la Avenida del Mar de Mazatlán y marchó hasta la Subprocuraduría para instar a las autoridades a localizar al joven Mario Eduardo, a quien le robaron la libertad esa misma semana.

Ninguno de estos eventos son casos aislados. Son el repertorio de hechos de la vida cotidiana en un ser en el que bien sabemos que la fuerza triunfa sobre la razón.

Sinaloa no es un lugar seguro. ¡Cómo va a ser! Aunque el número de homicidios dolosos ha bajado significativamente en los últimos meses, el gobernador Rubén Rocha debe ser más cauteloso al anunciar que estamos en uno de los estados más tranquilos del país.

La repentina disminución de los delitos violentos no se debe en modo alguno a una mejora sustancial del bienestar social, mayores oportunidades para luchar contra la impunidad, políticas de tolerancia cero o estrategias de disuasión.

No creo que nadie se atreva a cuestionar la idea general de que el crimen organizado en Sinaloa de alguna manera comparte el control del territorio con instituciones gubernamentales formales.

La verdad es que es muy difícil medir el grado de articulación entre el Estado y las organizaciones criminales, aunque la evidencia es muy gráfica.

Desde el inicio de su reinado, el presidente López Obrador ha promulgado su famosa estrategia de abrazos en lugar de balas, que reconoce con razón la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población como requisito previo para la pacificación del país, pero al mismo tiempo implica una renuncia al deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.

En Sinaloa, el momento clave fue el “culiacanazo”, cuando el ejército decidió retirarse antes de que los pistoleros tomaran la ciudad. Cinco meses después, en una visita a Badiraguato, AMLO saludó a la abuela de los hermanos Guzmán como una clara muestra de calidez y respeto a la familia. Desde entonces no ha habido golpe ni enfrentamiento. “Donde domina un cártel, hay menos homicidios”, dijo recientemente el presidente a los medios.

Parece que el acuerdo, en su forma más básica, se trata de dejar ir y dejar ir a cambio de una tregua. Curiosamente, la estrategia está dando resultados, y no solo en términos de seguridad, ya que no hay una barrera para la actividad ilegal, el dinero parece estar fluyendo hacia otros sectores de la economía formal, incluido el turismo y el desarrollo inmobiliario, y desde allí Sinaloa ha hasta ahora logró contener la recesión provocada por la pandemia y el alza en los precios de la energía.

Pero, ¿es realmente tan efectiva esta estrategia de pacificación y aparente progreso económico? En mi opinión, una medida insostenible. El diario El País publicó recientemente una entrevista con Vanda Felbab-Brown de Brookings Institution, en la que explica cómo las políticas de no confrontación del gobierno mexicano fomentan no solo la expansión geográfica de los grupos criminales, sino también una diversificación de los tipos de mercados que operan, todo apoyado por una red interconectada de ilegalidad.

Esta publicación destaca el creciente control de los cárteles mexicanos sobre las industrias pesquera y maderera para satisfacer la enorme demanda china de productos silvestres a cambio de precursores químicos para fabricar metanfetamina, fentanilo y opioides sintéticos.

La extensión del poder del crimen a las esferas de la vida ordinaria refuerza la lógica monopolística y violenta de los negocios ilegales y la elusión del estado de derecho; dando como resultado una economía donde la competencia es reprimida por la fuerza, el espíritu empresarial y la innovación son sofocados, los precios son fijados abusivamente y donde todos pierden excepto aquellos con la capacidad de controlar el mercado.

En el caso de la industria pesquera, la investigación del Instituto Brookings muestra que algunos cárteles requieren que los procesadores compren el pescado que traen. “Estas empresas son las que emiten los certificados que prueban el origen legal del pescado y se ven obligadas a emitir certificados falsos para ellos”, dice Vanda Felbab-Brown. Es la misma lógica que rige en todas las áreas donde se mueve la delincuencia.

Estas circunstancias demuestran que la aparente seguridad de la que el gobernador se jacta con tanto orgullo es en realidad un real sometimiento de los civiles en cada vez más ámbitos de la vida. No es una situación pacífica, los ciudadanos no nos sentimos seguros. Estamos a merced de un poder que incluso supera la capacidad del Estado.

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