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‘Prometemos buscar hasta encontrar a los desaparecidos’: FARC reconocen graves crímenes de guerra en vivo

Por tercer y último día consecutivo, siete exmiembros del Secretariado de las FARC-EP comparecen ante la Judicatura Especial para la Paz (JEP) por la Causa 01, que trata sobre toma de rehenes, privación de libertad agravada y otros delitos simultáneos cometidos por el Crimen de las FARC-EP.

Este jueves, los exjefes guerrilleros deberán seguir escuchando a los secuestrados por el control territorial y reconocer los hechos, no solo para poder acceder a ellos

sanciones de la justicia transicional, sino del perdón que Colombia aún no les ha otorgado.

El excomandante guerrillero y ahora jefe del proceso de reinserción del Partido Comunes, Pastor Alape, admitió ante la JEP y las víctimas que los secuestrados y las personas que vivían en las zonas que controlaban estaban siendo obligadas a trabajar: “Podíamos mandar a 100 metros de la la carretera. No lo consideramos trabajo forzoso”, dijo. “Aquí reconocemos este comportamiento como parte de los delitos que hemos cometido en la organización”.

Asimismo, Rodrigo Londoño afirmó: “Humillamos a los rehenes obligándolos a lo que considerábamos parte de la vida guerrillera. Para aquellos que estaban en cautiverio, estas eran actividades que no estaban obligadas a realizar, ni física ni moralmente”.

Le acompañan estos días Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todo debe ir desde el reconocimiento escrito que presentaron en abril de 2021 hasta el reconocimiento público de los hechos y conductas que encontró la JEP al acusarlos mediante la presentación de la radiografía más completa que tiene hoy el país que conoce esta política criminal. “Hacemos el menor daño. Prometemos buscar hasta encontrar a los desaparecidos. Humildemente les pido perdón”, aseguró el jueves los exjefes guerrilleros

¿Qué pasará estos días?

Durante la audiencia, que se llevará a cabo en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, las siete partes comparecientes podrán o no reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos denunciados.

A cambio, las víctimas acreditadas que intervendrán en el proceso tendrán la oportunidad de comentar los testimonios de los siete imputados en sus intervenciones y exponer sus exigencias de verdad.

Las demás víctimas pueden observar la debida diligencia y cuentan con 15 días hábiles para presentar sus comentarios y reclamos antes del reconocimiento. Este es un momento crucial en el proceso judicial que contribuye a la satisfacción y reparación de la víctima. Pero no sólo eso, la decisión de reconocimiento o no reconocimiento tendrá consecuencias jurídicas para cada uno de los siete imputados. Es decir, lo que diga cada uno de los ex integrantes del Secretariado servirá de insumo para la resolución de las conclusiones que se emitirán en los próximos tres meses.

Por ejemplo, la investigación indica que las órdenes de secuestro estaban dirigidas en gran medida a personas de todos los ámbitos de la vida. En la práctica, esto significa que la guerrilla no hizo distinción entre territorios, proporciones de género, edad o vulnerabilidades especiales. El tratamiento de los rehenes quedó a discreción del guardia y del comandante de turno, y las víctimas han denunciado casos graves de tortura, trato cruel, violencia sexual y desalojos forzosos durante el secuestro.

¿Que sigue?

Tres jefes cimentaron la política de secuestros de las FARC-EP para financiar la organización armada en sus distintos niveles jerárquicos, forzar canjes por guerrilleros presos y controlar a la población de las zonas, castigándolas por diversas razones y por su supuesta proximidad a investigar los enemigos de la guerrilla o controlar la presencia y actuación de empresas y funcionarios.

Luego de la audiencia, la magistratura tiene tres meses para transmitir al Juzgado de Paz la decisión sobre las conclusiones, que determina la sanción a imponer al imputado. Mientras transcurre el plazo, la Sala valorará los reconocimientos de la ex Secretaría, así como las propuestas presentadas por los comparecientes para su propia sanción y los comentarios de las víctimas a dichas propuestas, así como sus comentarios sobre los temas de la Resolución de Conclusiones.

En caso de que no se reconozca ninguno de los delitos cometidos, la Sala remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Fiscalización (UIA) de la JEP, que intentará esclarecer qué sucedió realmente en las zonas controladas por la guerrilla. Entre todos los exguerrilleros, víctimas y operadores de justicia, deben arrojar luz sobre la dolorosa memoria reciente de Colombia.

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