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Problema en el Baño Compartido: Reglas y Frases para un Baño Seguro | Mis derechos | Negocio

Piscina en urbanización de la localidad toledana de Seseña.
Piscina en urbanización de la localidad toledana de Seseña.IMÁGENES FALSAS

Las piscinas comunitarias no solo son divertidas para los vecinos y los invitados, sino que a menudo son un punto de discusión en el verano. Para evitar molestias a la hora del baño, es útil conocer la normativa que regula el uso y disfrute de la piscina, así como la jurisprudencia que limita los derechos y obligaciones de los propietarios y comunidades de bañistas.

También tienen unos costes elevados: abrir una piscina en verano para una comunidad de un centenar de vecinos, “si no necesitas socorrista, ronda los 4.000 euros por temporada. Con socorrista y según el horario, la cantidad es de entre 8.000 y 10.000 euros extra”, señala Pablo Abascal González, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Bienes Raíces.

A nivel sanitario, la normativa gubernamental vigente es el Real Decreto 742/2013, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Hay que tener en cuenta que la legislación nacional anterior data de 1960 y tuvo que ser actualizada de acuerdo con los avances científicos y técnicos y los criterios vigentes de la Organización Mundial de la Salud para controlar los riesgos emergentes derivados del uso de estas instalaciones.

Respecto al uso y disfrute de los baños compartidos, se deberá hacer referencia a la normativa específica de cada comunidad autónoma sobre el uso de estas instalaciones, así como a las ordenanzas municipales del lugar.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas se distingue entre piscinas de uso comunitario, piscinas públicas de acceso de pago (municipales, deportivas, hoteleras…) y piscinas Piscinas de uso privadopertenecientes a instituciones como comunidades de vecinos. La normativa también incluye las piscinas privadas, que son las de los chalets.

La normativa autonómica suele regular cuestiones como el aforo admisible según su alcance en baños compartidos; el ajuste de un médico o ATS al medir entre 500 y 1000 mdos; una profundidad máxima de tres metros en la zona de adultos y de 0,60 metros en la zona infantil (para niños menores de seis años); o La instalación de trampolines y toboganes sólo en casos específicos y con requisitos de seguridad definidos para evitar daños.

Además, debe haber baños separados para cada género, las escaleras para entrar y salir del agua no deben estar separadas más de 15 metros, el área alrededor de la piscina debe estar construida con material antideslizante, allí es obligatorio un baño de pies. donde se pueda enjuagar los pies y debe haber al menos dos duchas alrededor de la piscina.

Socorrista, no siempre obligatorio

Según la Real Federación Española de Socorristas y Socorristas (RFESS), más de 70.000 personas han sido formadas específicamente para convertirse en socorristas profesionales en la última década. Esta es una profesión en auge teniendo en cuenta que hay 65.000 piscinas comunitarias en toda España. Aunque tradicionalmente este trabajo lo han ocupado jóvenes estudiantes que aprovechan el verano para ganarse un dinero extra, la edad media de estos profesionales ha aumentado considerablemente en los últimos años.

No todos los baños compartidos están obligados a tener socorrista, depende de la comunidad autónoma. En Cataluña, Castilla y León, Baleares y Murcia, las piscinas comunitarias tienen la consideración de privadas y no tienen los deberes impuestos a las piscinas públicas en lo que se refiere a un socorrista. Pero en Galicia, Cantabria, País Vasco y Andalucía, las comunidades de vecinos con más de 20 propietarios deben cumplir con la legislación sobre piscinas públicas.

En la Comunidad Valenciana, las obligaciones establecidas para las piscinas públicas no tienen que cumplirlas las piscinas con menos de 100 propietarios; En la Comunidad de Madrid, todas las piscinas de más de 30 propietarios que deben contar con socorrista están sujetas a la normativa de piscinas públicas.

El título de socorrista se puede adquirir a través de centros de formación privados, asociaciones de socorristas o Cruz Roja. Hace unos años se introdujo el Ciclo Formativo de Grado Superior en Socorrismo, que se imparte en instituciones educativas públicas y privadas. El precio del curso oscila entre 200 y 400 euros

Los requisitos para ser socorrista son ser mayor de 16 años, superar la prueba teórica de primeros auxilios y tener una capacidad de buceo libre de 20 metros, nadar 200 metros en un máximo de 4:15 minutos, nadar 50 metros con traje de baño y una camiseta en un tiempo máximo de 55 segundos y arrastrando a una víctima inconsciente 50 metros.

reglamento interno

Además de las leyes autonómicas o municipales, debe existir una normativa interna aprobada por la comunidad de propietarios, que es la responsable de que las instalaciones cuenten con los elementos adecuados para prevenir riesgos sanitarios y velar por la salubridad de las instalaciones.

Estas Reglas de la Casa deben establecer los términos de uso, capacidad y horas de operación de la instalación. Suelen regularse cuestiones como la prohibición del uso de balones, colchonetas, sombrillas, incluidos los animales (salvo los casos reconocidos por la ley) o la negativa de los huéspedes a entrar sin el acompañamiento de un propietario o inquilino. Además, se considera obligatorio utilizar las duchas antes de bañarse en la piscina, entrar en la zona de baño con calzado adecuado (no se permite el calzado de calle) o no comer en la zona destinada al baño y utilizar las zonas habilitadas para ello. Propósito Efecto. Toda esta información deberá estar visible en lugares públicos del recinto.

Aunque no es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil, se recomienda, ya que la comunidad de vecinos debe ser responsable en caso de accidente en la piscina. Si el municipio tiene un contratista de mantenimiento de piscinas, también puede ser responsable.

problema con los invitados

Con las altas temperaturas, la piscina puede generar conflictos entre los propietarios, ya que se supera el aforo por el disfrute simultáneo de todos los vecinos o por el exceso de invitados. Las reglas de la casa generalmente recomiendan a los usuarios hacer un uso razonable de las invitaciones cuando el grupo es de naturaleza privada; En caso contrario, el Patronato se reserva el derecho de restringir el acceso de invitados.

Abascal recuerda que “el socorrista no puede hacerse cargo de tareas de control de acceso que deberían recaer en otro trabajador”. Por ello, los administradores de fincas aseguran que las medidas que prohíben el uso de la piscina por parte de personas ajenas a la comunidad de propietarios suelen ser una práctica habitual, o bien pueden autorizarla limitando el número de personas a invitar y con horarios y turnos de uso determinados. Es difícil evitar el abuso de los huéspedes cuando no existen medidas de control, como un guardia de seguridad que controle quién tiene acceso a la piscina, pero contratarlo aumenta significativamente el costo de la piscina.

Hay otras opciones que también son caras, como Por ejemplo, sistemas telemáticos de control de aforo, llevar un dispositivo de acceso personalizado en forma de tarjeta, reservar horarios y turnos a través de diferentes APPs… pero menos efectivos.

El tema del abuso de invitados llegó a la Corte Suprema cuando un municipio prohibió el uso indiscriminado de los elementos comunes por parte de un grupo de adolescentes que abusaron de la piscina y, después de una investigación, descubrieron que todos eran invitados del dueño del garaje. El veredicto fue insistente: los propietarios del garaje sin apartamento en el edificio no podrán disfrutar de la piscina.

Morosos y contratados

El pasado 16 de junio entró en vigor la Ley 10/2022 de Medidas Urgentes para Impulsar la Actividad de Rehabilitación de Edificios en el marco del Plan de Rehabilitación, Transformación y Resiliencia, por la que se modifica el régimen de impago de gastos comunes recogido en la ley de propiedad horizontal, como la limitación de la uso de piscinas a propietarios morosos.

La reforma prevé que la junta de propietarios pueda acordar medidas disuasorias contra la morosidad durante el período de morosidad. Estas medidas incluyen la suspensión temporal del uso de los servicios o instalaciones, salvo que puedan ser consideradas abusivas, desproporcionadas o afecten a la habitabilidad de los edificios. En ningún caso estas medidas podrán ser retroactivas y podrán ser incluidas en los estatutos comunitarios.

Para Alejandro Fuentes-Lojo Rius, socio de Fuentes Lojo Abogados, el nuevo arte es. 21.1 del código de propiedad horizontal “prevé expresamente la privación temporal del uso de servicios o instalaciones y en este sentido la piscina no sería una instalación esencial o necesaria para la habitabilidad de la vivienda, ya que tiene un carácter puramente recreativo -a diferencia de , por ejemplo, el sistema de ascensores -. Entonces su retiro se ajustaría a los límites de las facultades sancionadoras otorgadas a los municipios”.

El problema, que la ley no resuelve, es la mayoría que la comunidad debe acordar en una reunión para limitar el uso de la piscina a los delincuentes. “Este es el aspecto más problemático de la reforma. Si bien el acuerdo es claramente estatutario porque restringe el derecho de uso y disfrute de los elementos comunes, debe quedar claro que el legislador pretende relajar el quórum de unanimidad que es fundamental en este tipo de acuerdos comunitarios. , la mayoría simple de propietarios y cuotas del art. 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal”, asegura el experto en derecho inmobiliario.

También apoya la interpretación de aprobación de estos convenios por mayoría simple de propietarios -el moroso no tiene derecho a voto en la junta- la disposición legal expresa de que estos convenios en ningún caso son de aplicación retroactiva, sino que representan una garantía disponible en mora. propietarios de viviendas que resultaron perjudicados por el acuerdo aprobado.

Otro problema para los usuarios de la piscina es la alegría de los propietarios cuando se alquila el apartamento. Pablo Abascal lo tiene claro: “Cuando la vivienda está alquilada, el propietario y el arrendatario no pueden disfrutar al mismo tiempo de este servicio. Normalmente, el arrendador pierde todos sus privilegios en relación con el uso y disfrute de los elementos comunes, tales como B. la piscina, salvo pacto en contrario entre las partes.

dueño del garaje

El Tribunal Supremo, en sentencia del 23 de mayo, reconoce la capacidad de las comunidades de vecinos para prohibir el uso de la piscina y las zonas de ocio y deporte a los propietarios de garajes que no dispongan de piso en el edificio o conjunto inmobiliario.

Para que esta prohibición sea posible, nada en contrario debe constar en los estatutos o en el título fundacional de la comunidad. Además, esa limitación de los derechos de los propietarios de garajes es una mera enunciación o reproducción de lo que ya se desprende de las escrituras de constitución del municipio: los propietarios de las plazas de aparcamiento están exentos del pago de los gastos de la piscina.

La doctrina que sustenta esta sentencia se basa en la consideración de que una piscina sirve naturalmente a los propietarios que residen en el edificio y que los propietarios de los garajes son sus propietarios, “pero no para ellos son residentes sino usuarios de un aparcamiento”.

La piscina como elemento común, según la sentencia, no está destinada a permitir a los propietarios de las plazas de aparcamiento que adquieran estacionar un vehículo y no a las especificidades lúdicas del edificio. Y destaca que “el uso de la piscina es por tanto ajeno a la naturaleza y finalidad de la adquisición del garaje”.

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